lunes, 22 de agosto de 2011

Reordenación del Sector Público andaluz. (publicado como Carta al Director en el Diario de Sevilla, de 18/8/11)

La Reordenación del Sector público en Andalucía es un proyecto que ha supuesto la fractura entre los funcionarios y el gobierno andaluz y que, actualmente, sirve de ariete tanto a sindicatos minoritarios como al principal partido de la oposición.
Tras numerosas manifestaciones, causas judiciales y creación de diversas plataformas con fines derogatorios, se han programado vuelos de avioneta sobre playas andaluzas con el lema: “No al enchufismo en la Junta de Andalucía, a la Administración por oposición”.
La premisa es sencilla y el botín, suculento.
Pero creo que fue Gandhi quien dijo que un error no se convierte en verdad porque todo el mundo crea en él.
La Reordenación del Sector Público nunca ha inaugurado derechos que no existieran anteriormente.
La medida se creo para dos objetivos fundamentales: a corto plazo, la reducción de costes y, a largo, la mejora de la eficacia del sector público.
La estrategia: Eliminar o fusionar empresas públicas existentes desde hace más de diez años creando ocho grandes agencias. Eso permite la unificación de sedes centrales y órganos de dirección, economizando a través de la venta de bienes inmuebles y la supresión de gastos de alta dirección. Las consecuencias para los trabajadores: ninguna. Mantenemos la condición de empleados de la agencia y el convenio colectivo que nos regulaba anteriormente.
Las consecuencias para los directivos de estas empresas: reducción cuantiosa de sueldos o despido.
Los más de 25 000 trabajadores de empresas públicas, muchos con más de diez años de servicio al ciudadano, soportamos con estoicismo y tristeza las calumnias de compañeros manipulados (espero) por sindicatos minoritarios con intereses políticos.
Llamar a la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz “Ley del Funcionariazo” es desinformar a los ciudadanos. Los trabajadores andaluces de empresas públicas no somos ni seremos funcionarios ni laborales de la Junta de Andalucía (porque nunca lo hemos sido y no lo autoriza esta norma). Esta ley ahorra costes y organiza racionalmente a un sector altamente productivo, con años de experiencia al servicio público. Cualquiera puede confirmar de forma sencilla lo que estoy diciendo en la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de Reordenación del Sector Público de Andalucía o en los protocolos de integración de las empresas extinguidas en las agencias de nueva creación.

David Domingo Fernández Calderón.
Psicólogo de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucia (ASSDA). Máster en Salud y Calidad de Vida (Universidad de Huelva).