La Agencia de Puertos, Asoc. de Vecinos y Ayuntamiento llegan a un primer acuerdo para preservar los "amarraíllos históricos" de El Rompido
Ya ha comenzado la campaña de control de los fondeos “ilegales” en la ría del Piedras (El Rompido), en el marco del Plan de Usos de los Espacios Portuarios aprobado en 2009 por la Agencia Pública de Puertos (APPA). El pasado viernes, APPA y Guardia Civil del Mar instaron a los propietarios de embarcaciones en fondeo libre a emplazarse en alguno de los seis clubs náuticos de la ría del Piedras, bajo amenaza de sanciones de hasta 60 000€ y la retirada de la embarcación.
Algunas de estas embarcaciones son
los conocidos como `amarradillos históricos´, pateras de pesca tradicional que
han pasado de generación en generación desde principios del siglo XX. Las
técnicas tradicionales de pesca han llegado a nuestros días por transmisión
consuetudinaria y constituyen la base identitaria de este pueblo marinero.
Este patrimonio cultural inmaterial (UNESCO, 2003) o patrimonio etnográfico (Ley 16/1985 de
Patrimonio Histórico Español) se encuentra en vías de desaparición. A ello
contribuye la implantación de un agresivo modelo turístico de sol y playa, golf
y deportes náuticos. Desde finales de los noventa, en El Rompido se han construido
cinco hoteles de alto coste, un campo de golf y seis clubs náuticos. El número
de visitantes ha crecido exponencialmente, alcanzándose índices de ocupación
cercanos al 100% en época estival. Los puertos deportivos de la ría albergan ya
a casi 2000 embarcaciones de recreo de alta cilindrada. El número de pasajeros
de transporte náutico a la Flecha se ha multiplicado, alcanzando los casi 55
000 usuarios anuales.
Esta situación no sólo provoca un notable impacto
medioambiental, sino que amenaza las ya minoritarias prácticas de pesca tradicionales
que tienen cobijo en la ría. Los marineros jubilados que aún conservan estos
usos, con limitada capacidad económica,
practican una pesca tradicional de subsistencia para autoabastecimiento. La
mayoría de ellos, en riesgo de exclusión social, no pueden afrontar las
elevadas cuotas de los clubs náuticos de la ría, viéndose abocados al cese de
su actividad tradicional.
La protección del patrimonio
etnográfico constituye una obligación de los poderes públicos según mandatos
recogidos en la legislación europea, nacional y autonómica. Desde 1989, la
UNESCO insta a “salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial como crisol de
la diversidad cultural y garante del desarrollo sostenible”. En su convención
de 2003, este organismo exhortó a “adoptar políticas generales encaminadas a
integrar la salvaguardia de este patrimonio en programas de planificación”. La
Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español también recoge el imperativo de
“proteger administrativamente los conocimientos y actividades que procedan de
técnicas tradicionales”.
En la ordenación
de nuestro litoral han de respetarse estos principios, considerando el factor humano para la preservación de la
identidad, cultura e historia de los pueblos marineros. De este modo se protege
a la comunidad de la desintegración identitaria y la pérdida de
cohesión social
En El Rompido, además, el paisaje
desordenado de pateras entre las dos orillas constituye uno de sus
principales atractivos como destino turístico. Un río es algo más que
una lámina de agua. Si ordenarlo significa sólo burocratizarlo, despojarlo de
su valor etnográfico para mejorar su eficiencia como vía de transporte náutico,
es preferible mantenerlo en las condiciones actuales.
A finales del mes de julio, esta causa unió a marineros,
organizaciones sociales y grupos políticos en Cartaya, aprobándose unánimemente la moción presentada por IU para instar a Puertos a mantener estas pateras tradicionales de la
ría del Piedras.
La cooperación ha dado sus frutos. En la reunión mantenida con la APPA hace unos días se ha acordado "no sancionar ni retirar las pateras
tradicionales fondeadas en El Rompido, cuyo futuro se decidirá en una mesa de
trabajo compuesta por representantes del colectivo de propietarios, A.V. de El
Rompido, Ayto. de Cartaya y la propia APPA”. Hasta el momento, la Agencia de Puertos de Andalucía se ha mostrado coherente con el objetivo
n.º 3 de su Plan Director de Puertos 2014-2020: “mejorar la integración
puerto-ciudad (…), compatibilizando las exigencias legales con las facilidades
para el uso del Puerto de la población vecina”.
